Una ley de amnistía, 24 años después

2016/12/18 20:48

Una ley de amnistía, 24 años después

http://www.semana.com/nacion/articulo/ley-de-amnistia-para-las-farc-congreso-comienza-debate/509987

La última vez que el Congreso expidió una ley para perdonar guerrilleros fue en 1992,  a los del M-19, cuando el ex presidente Uribe, en ese entonces también senador, era el más fiel vocero de esa iniciativa. ¿Qué cambió?

El Congreso colombiano no tenía en sus manos una ley de amnistía desde hace 24 años, en el año 1992, cuando se concedió el indultó definitivo a los desmovilizados del M-19. Aquella vez, lo hicieron en tiempo record, pues un juez de orden público amenazó con una sentencia el éxito del proceso de paz, y obligaba a los parlamentarios a actuar con rapidez.

A partir de este lunes, las comisiones primeras de Senado y Cámara de representantes volverán a ocuparse de una ley para conceder el perdón a los guerrilleros rasos, en este caso los de las FARC. Y también tendrán que hacerlo con urgencia, ante la fragilidad del cese al fuego. Para ello, el acto legislativo que habilita un procedimiento de aprobación ‘fast track’, será el camino para que esta ley, reclamada con urgencia por la guerrilla, entre en vigencia el próximo 30 de diciembre, y dé el último empujón al proceso de desmovilización de la guerrilla.

Aunque han pasado más de dos décadas entre aquella ley para el M-19 y la que ahora se tramitará, hay varias personalidades de la política que repetirán protagonismo.

El 20 de mayo de 1992, el entonces senador liberal Álvaro Uribe Vélez se convirtió en uno de los promotores de un proyecto de indulto total para los miembros de la guerrilla del M-19. Esa ley incluyó el perdón incluso por uno de los delitos atroces cometidos por esa guerrilla: la toma del Palacio de Justicia, en la que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema y otros nueve del Consejo de Estado.

Puede leer: El día en que Uribe pidió el indulto total al M-19

Todo sucedió cuando uno de los jueces de orden público, en ese entonces denominados ‘jueces sin rostro’, profirió un polémico fallo judicial que tuvo en vilo el proceso de paz que culminó con la desmovilización y la reincorporación de la guerrilla del M-19.

La Ley de indulto, firmada en 1989 por el presidente Virgilio Barco, excluía del perdón para los delitos atroces. Y con ese argumento la justicia se basó para llamar a juicio a Antonio Navarro(hoy senador de la Alianza Verde) y a otros 25 dirigentes del M-19, algunos de ellos eran compañeros de curul de Uribe en el Senado, al calificar la toma del Palacio de Justicia como un delito atroz.

Le recomendamos: Por segunda vez, Uribe defiende el indulto al M-19

Además de Navarro, a las puertas de la cárcel estuvieron los exconstituyentes Antonio Navarro Wolff, Germán Rojas Niño, Marco Antonio Chalita, Otty Patiño y Rosemberg Pabón; los entonces senadores Vera Grave y Éverth Bustamante (hoy senador del Centro Democrático); el representante a la Cámara Ramiro Lucio. También a otros exmilitantes de la guerrilla como Gustavo Petro, Clara Elena Enciso, María Rosalba Vásquez, Jaime Navarro Wolff y Carlos Alonso Lucio.

Entonces, Uribe le propuso a la plenaria del Senado conformar una comisión para encontrarle una salida legal a ese limbo jurídico.

“Desígnese por la mesa directiva una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”.

Ese fue el texto de la propuesta del senador Uribe Vélez que la plenaria del Senado aprobó de forma unánime. Y fue la “primera piedra” para que el Gobierno y el Congreso tramitaran la que Antonio Navarro llamó “Ley de reindulto”.

Álvaro Uribe hizo parte de esa comisión de senadores que se reunió con entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle (jefe del equipo negociador del gobierno Santos en La Habana); el ministro de Justicia, Fernando Carrillo (hoy procurador electo), y los entonces senadores Parmenio Cuéllar, Pedro Bonnett, Carlos Corsi, Hernán Motta, Floro Tunubalá, Eduardo Pizano, Fabio Valencia Cossio y Jorge Valencia Jaramillo.

En una semana diseñaron el proyecto de ley y el 28 de mayo de ese año (1992) lo radicaron en la secretaría del Senado. Uribe Vélez firmó el documento en calidad de coautor.

Le puede interesar: El que merecía el Nobel era Álvaro Uribe

En ese proyecto se invocaron “razones políticas” para evitar que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad en algunos delitos cometidos durante la toma cruenta del Palacio de Justicia en 1985.

En el proyecto pidieron extinguir la acción penal contra los acusados mediante la aplicación de los principios de favorabilidad y cosa juzgada, en los procesos judiciales en que encuentran involucrados.

El proyecto, que se convirtió en ley en 1993, señalaron que el “beneficio” sólo puede cobijar a los procesados en juicios que tengan como antecedente la expedición de una ley de amnistía o que faculte al Gobierno para conceder indultos, o prevea la cesación de procedimiento en desarrollo de una política de paz.

En la exposición de motivos, Uribe Vélez y los demás autores de esta ley justificaron esta norma en que la Constitución de 1991 “ha concebido la paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento (…) La consecución de la paz es la principal justificación del proyecto”, señalaba aquel documento.

Hoy, Álvaro Uribe Vélez es el senador jefe del Centro Democrático, el partido político que ha hecho oposición a los acuerdos de paz con las FARC. A diferencia de hace 24 años, no será el promotor de la amnistía, pero tampoco será un obstáculo, pues en últimas también la apoya para los guerrilleros rasos. Pero su participación solo se hará en la plenaria del Senado, en el último debate, donde deberá pronunciarse con su voto.

Los criticos del ex presidente suelen sacarle el episodio del M-19 cada vez que pueden para intentar demostrar su “incoherencia”. Sin embargo, Uribe también ha salido más de una vez a explicar este giro. “Mis errores son las excusas del Gobierno que esgrime la paz para anular la democracia”, le respondió a Santos hace pocos días cuando este le la nzó un sablazo sobre el tema.

Según Uribe, su participación se limitó a una plenaria en el Congreso para que “cumplieran lo acordado con el M-19, esto a raíz de una noticia de reapertura de causa judicial contra sus integrantes”. Sin embargo, aclaró que nada tuvo que ver con los acuerdos a los que se llegaron con el grupo insurgente. “Confieso sí que no sé si me equivoqué o acerté, pero lo hice abiertamente, de cara al país, de buena fe”, dijo.

Consulte: ¿Un Nobel inmerecido? Hablan los críticos de Santos

Las comisiones primeras de Senado y Cámara fueron convocadas para este lunes a partir de las 2:00 de la tarde. Se someterá a discusión la ponencia, del senador Armando Benedetti, y los congresistas podrán presentar proposiciones para modificar el texto, siempre que tengan el visto bueno del gobierno. El proyecto podrá votarse en bloque, y no artículo por artículo, y la votación se prevé que tenga lugar el mismo martes. De ser aprobada, faltaría la votación de las plenarias de Senado y Cámara respectivamente.

“Respeto a los Derechos Humanos”: ONU

Horas antes del debate inicial de la ley de amnistía, las Naciones Unidas pidió al Congreso colombiano que expida una ley de amnistía que cumpla los estándares internacionales de derechos humanos y garantice los preceptos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto.

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de un comunicado, indicó que las medidas contenidas en el proyecto de ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales deben responder a los criterios del derecho internacional.

“Los beneficios que se otorguen tienen que ser el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas”, dijo por su parte Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ONU recomendó que el sistema de justicia transicional contenga mecanismos para “motivar a guerrilleros, agentes del Estado y otros, incluyendo a los altos mandos, a participar voluntariamente en el sistema, sean o no actualmente investigados”.

Ley de amnistía, en diez puntos

1. Refrendación del nuevo acuerdo de paz

Frente al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de refrendación popular y, para evitar cualquier demanda posterior por esta ausencia, el primer artículo expresamente declara que el Congreso culminó el proceso de refrendación popular del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con la aprobación mayoritaria de las proposiciones antes plenarias de Senado y Cámara de Representantes, el 29 y 30 de noviembre, respectivamente.

2. Quiénes serán amnistiados

Esta ley se aplica a quienes hayan cometido delitos políticos y conexos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. El debate girará en torno a que delitos se incluirán en este listado. Por el momento para las amnistías de derecho (iure) explícitamente se encuentran rebelión; sedición; asonada; conspiración; seducción, usurpación y retención ilegal de mando; y los conexos a estos establecidos taxativamente en este proyecto de Ley. También incluye conductas cometidas en el marco de la protesta social y los disturbios internos. Para los delitos que no están expresamente señalados se prevé una revisión caso a caso. Están excluidos de amnistías e indultos las conductas que constituyan crímenes internacionales o delitos sin conexidad con el delito político.

3. ¿Qué es un delito político?

La ley los define como aquellos en los cuales el Estado o su régimen constitucional vigente es el directamente afectado, siempre que no sean ejecutados en beneficio propio o de un tercero. Aplican en este contexto, las conductas relacionadas con el desarrollo de la rebelión cometidas con ocasión del conflicto armado, así como las que la faciliten, apoyen, financien u oculten.

4. ¿Cuáles son los delitos conexos a los delitos políticos?

La ley prevé  los siguientes: apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constreñimiento para delinquir; violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; utilización ilícita de redes de comunicaciones; violación de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria y calumnia indirectas;  daño en bien ajeno; falsedad personal; falsedad material de particular en documento público; obtención de documento público falso; concierto para delinquir; utilización ilegal de uniformes e insignias; amenazas; instigación a delinquir; incendios; perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial; tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbación de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al sufragante;  voto fraudulento; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor público; fuga; y espionaje.

5. ¿Qué es una amnistía?

Aquella que extingue la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, es decir, no se puede iniciar. Lo que se buscará es amnistiar la mayor cantidad de delitos posibles y garantizar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC o personas acusadas de serlo. También tiene el efecto de anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa ya impuesta por conductas relacionadas, directa o indirectamente, con el conflicto armado.

6. Agentes del Estado

La ley prevé que los agentes del Estado no recibirán amnistía ni indulto. Si cometieron delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo. En especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer este tipo de conductas punibles.

7. La seguridad jurídica

Las decisiones sobre amnistías, indultos o tratamientos diferenciales, una vez tomadas no se pueden cambiar, eso garantizará la seguridad jurídica indispensable para generar confianza y lograr la paz estable y duradera. Solo podrán ser revisadas por el Tribunal para la Paz.

Sin embargo, si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial no se cumplen los requerimientos del Tribunal para la Paz frente a las obligaciones de esclarecimiento de la verdad o de reparación a las víctimas o comparecencia, podrá perderse este derecho.

8. Deberes del Estado y derechos de las víctimas

El Estado no pierde su deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Así como tampoco las amnistías, indultos o cualquier tratamiento especial condicionan o reemplazan el deber de los victimarios de garantizar el esclarecimiento de la verdad o la reparación a las víctimas.

9. La competencia para declarar amnistías

a. El presidente de la República por acto administrativo, en los casos de integrantes de las Farc que estén en las zonas veredales transitorias de normalización o en los campamentos y que no tienen procesos en curso o condenas. Se hará al momento de efectuar la salida de los campamentos para su reincorporación a la vida civil.

b. Si existe un proceso en curso por delitos amnistiables, la Fiscalía General de la Nación solicitará al juez competente que lo termine.

c. Si ya existe condena por los delitos ya señalados la amnistía la concede el Juez de Ejecución de Penas competente.

Las amnistías se aplicarán en un término no mayor a diez días contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, siempre que el destinatario haya concluido el proceso de dejación de las armas. Si la persona vuelve a cometer delitos perderá el beneficio.

10. Los efectos de las amnistías y los tratamientos equivalentes

Estos mecanismos buscan que se renuncie a la persecución penal, cesar el procedimiento, suspender la ejecución de la pena, extinguir la responsabilidad por el cumplimiento de la sanción, extinción de la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Estos efectos se extenderán a las sanciones disciplinarias o fiscales y traerán consigo la imposibilidad de abrir futuras investigaciones y procesos por las mismas conductas.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ya no me siento víctima

La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro.

 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/09/01/babelia/1472748478_962352.html

3/09/2016

 

Yo he entendido la historia reciente de mi país no a través de ninguna teoría, sino a través de las historias familiares. Cuando uno tiene una familia numerosa, la ficción es casi innecesaria: en una familia grande, todas las cosas han ocurrido alguna vez. Esas historias me permiten reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasa en Colombia, para luego tomar una decisión que es política, pero también vital, porque no está dictada por la ideología, sino por la imaginación: trato de pensar de qué manera podríamos vivir mejor, sin matarnos tanto, con menos sufrimiento, con más tranquilidad.

Para explicar por qué celebro y estoy tan feliz con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, voy a intentar reflexionar con ustedes a partir, otra vez, de una historia familiar.

Nunca sentí ninguna simpatía por las FARC. El esposo de una de mis hermanas, Federico Uribe (sin parentesco con el expresidente de Colombia), fue secuestrado dos veces por la guerrilla. La primera vez lo secuestró el Frente 36 de las FARC, hace 28 años, cuando él tenía 35. Once años después, otro grupo lo volvió a secuestrar; los muchachos que lo vigilaban en la montaña eran tan jóvenes que le decían “abuelo” a un hombre de 46. Federico no era, ni es, una persona rica. Tal vez tenía el apellido equivocado. Tampoco era pobre y no sería extraño que los muy pobres lo vieran como muy rico.

Mi cuñado (ahora excuñado, porque en todas las familias hay divorcios) tenía y tiene 120 vacas lecheras en un pueblo a 2.600 metros de altitud en el oriente de Antioquia. Después de un mes secuestrado y de pagar la “cuota inicial” del rescate para que lo soltaran, tuvo que seguir pagando lo que faltaba, en cómodas mensualidades, durante 36 meses más. La guerrilla, tan amable, le dio tres años de plazo para pagar. Ustedes preguntarán: ¿y por qué no acudía a la policía, al Ejército, a las autoridades del pueblo? Él les contestaría: “Permítanme una sonrisa”. En las zonas rurales de Colombia el Estado no existía; hay partes donde no existe todavía; cuanto más lejos esté la tierra de las ciudades principales, menos Estado hay. Si Federico no pagaba las cuotas, tampoco podía sacar la leche de la finca, y de eso vivía. Si no pagaba las cuotas, lo podían matar en la misma lechería. Si no pagaba las cuotas, le podían secuestrar a uno de sus hijos, mis sobrinos. En fin, en ausencia de un Estado que controlara el territorio y defendiera a los ciudadanos, no había otra que pagar. O hacer lo que hicieron otros finqueros: vincularse a un grupo paramilitar que los protegiera a cambio de una cuota mensual parecida. Federico Uribe no era de esos que se complacían en ver matar, y los paramilitares mataban sin preguntar. Además, los paramilitares habían matado a su suegro, a mi papá, y no era el caso de aliarse con otros asesinos.

Mi excuñado Federico, dos veces secuestrado, se inclina por el no. “Quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel”, me dijo

Federico —acabo de llamarlo para preguntarle— va a votar no en el plebiscito sobre la paz. “Yo no estoy en contra de la paz”, me dijo, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel. Mientras me tuvieron secuestrado mataron a dos”. Yo lo entiendo, lo aprecio y no lo considero un enemigo de la paz, así no esté de acuerdo con él. No me siento con autoridad para juzgarlo y tiene todo el derecho de votar por el no. Pero, aunque lo entiendo, espero que él también me entienda a mí ahora que escribo que voy a votar por el sí. Entiendo su posición sobre la impunidad. Creo tener derecho, sin embargo, a decir que no me importa que no les den cárcel a los de las FARC, pues cuando el presidente Uribe hizo la paz con los paramilitares escribí un artículo en el que sostuve que no me interesaba que los asesinos de mi padre pasaran ni un día en la sombra. Que contaran la verdad, y listo: que los liberaran, que se murieran de viejos. Si no me creen, aquí pueden ver ese artículo, publicado en la revista Semana en julio de 2004: http://www.semana.com/opinion/articulo/una-cuestion-personal/66783-3.

De izquierda a derecha, los padres de Héctor Abad, su hermana Eva, con su hijo en brazos, y el marido de esta entonces, Federico Uribe.
De izquierda a derecha, los padres de Héctor Abad, su hermana Eva, con su hijo en brazos, y el marido de esta entonces, Federico Uribe. Archivo familiar

De los 28.000 paramilitares que aceptaron desmovilizarse durante el Gobierno de Uribe, tan solo un puñado de ellos pagaron cárcel, y no porque el presidente lo quisiera, sino porque la Corte Constitucional lo obligó. Su proyecto inicial ofrecía impunidad total. El texto del Acuerdo de Ralito (el sometimiento de los paramilitares) nunca nos lo mostraron; a las víctimas de los paramilitares no nos llevaron a la zona de los diálogos para decirles en la cara el dolor que nos habían causado y para darles la bienvenida a la vida civil, como en mi familia hubiéramos querido hacer; tampoco se sometió el acuerdo con ellos a un plebiscito. Esto no es un reclamo, sino una comparación. Santos ha publicado el texto (larguísimo, farragoso, pero útil, del Acuerdo de La Habana); llevó a las conversaciones a grupos de víctimas (incluso a mí me invitaron, pero no quise ir, pues no me siento víctima ya); y ahora lo somete al veredicto del pueblo.

Si en el caso de los asesinos de mi padre yo estaba de acuerdo con un pacto de impunidad, con la única condición de que los paramilitares contaran la verdad y dejaran de matar, creo tener autoridad moral para decir que también estoy de acuerdo con el Acuerdo de Paz con las FARC, los secuestradores de mi cuñado. En el caso de las FARC, también acepto una alta dosis de impunidad a cambio de verdad. Tengan en cuenta además que por delitos atroces, entre los cuales se incluye el secuestro, no es cierto que en este acuerdo haya impunidad total. Los responsables pagarán hasta ocho años (si lo confiesan todo antes de que empiece el juicio) de “restricción efectiva de la libertad”, no en una cárcel corriente, sino en condiciones que el Tribunal Especial para la Paz decidirá. Y si la confesión ocurre durante el juicio, esos ocho años los pasarán en una cárcel normal. Y si no confiesan y son derrotados en juicio, la pena será de 20 años en cárceles del Estado.

No estoy de acuerdo con él. Le comprendo y admiro. Pero esto es lo mejor que el Gobierno pudo lograr tras cuatro años de negociación

Así que no estoy de acuerdo con mi excuñado, a quien comprendo y admiro y sigo queriendo igual, en que se haya firmado un acuerdo de impunidad total. Fue un acuerdo muy generoso con las FARC, sin duda, y ojalá la guerrilla hubiera aceptado pasar siquiera dos años en la cárcel, que es a lo que aspira Federico. Pero esto fue lo mejor que el Gobierno pudo lograr, tras cuatro años de duras negociaciones, con una guerrilla que no estaba completamente derrotada.

Cuando escribo para España, o cuando hablo con españoles, algunos esgrimen el ejemplo de ETA para decirme que el Estado no puede ser condescendiente con los terroristas ni puede perdonar. No creo que los casos se parezcan ni se puedan comparar. Las FARC nacieron en un país violento, muy desigual y muy injusto, lo que no las justifica, pero sí explica en parte su furor. La guerrilla de las FARC llegó a tener 20.000 hombres en uniforme; llegó a tomarse la capital del departamento (Estado) del Vaupés, Mitú. Ejerció control y dominio (como un Estado alternativo que impartía “justicia” y resolvía líos domésticos) en amplios territorios rurales.

Héctor Abad Faciolince (sentado a la derecha), tras el asesinato de su padre en 1987. ampliar foto
Héctor Abad Faciolince (sentado a la derecha), tras el asesinato de su padre en 1987. Archivo familiar

Las FARC han sido una guerrilla despiadada, sanguinaria, sin duda. Una guerrilla que cree firmemente y con fanatismo mesiánico en la última religión del siglo XX, el comunismo marxista leninista. En la lucha armada, en su ideología, en sus actos de terror, creo que la guerrilla se equivocó de un modo atroz. Pero en más de medio siglo de desafío al Estado no ha podido ser derrotada por las armas. Colombia tiene el presupuesto de seguridad más alto de América Latina; tiene el Ejército más numeroso; gastamos en armamento lo que no nos gastamos en salud o educación. Tuvo un presidente, Álvaro Uribe, cuya mayor obsesión durante ocho años fue exterminar a la guerrilla que había matado a su padre. La debilitó mucho, las FARC quedaron en menos de 10.000 efectivos, pero tampoco la pudo derrotar. Su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, llegó al poder y, al verla debilitada, les volvió a ofrecer lo que todos los presidentes anteriores (incluyendo a Uribe) les habían ofrecido: unas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y Santos acaba de conseguir lo que ninguno de los presidentes anteriores consiguió: que las FARC se plegaran a dejar las armas y aceptaran convertirse en un partido político con garantías de seguridad e incluso con una mínima representación en el Congreso en las próximas elecciones.

Escribir del asesinato de un hombre bueno me curó de la necesidad de aspirar a una cárcel para los asesinos

En todas las familias hay uno que otro envidioso; se sienten celos aun entre los hermanos. Por eso entiendo tan bien, por eso me parece tan comprensible, tan humano, que los dos presidentes anteriores (Pastrana y Uribe) sientan celos porque Santos haya logrado lo que ellos buscaron sin conseguir. Se entiende también que quieran adoptar para su envidia una máscara más noble, la máscara de la “impunidad”. Pero estoy seguro de que, si ellos estuvieran en el poder, ofrecerían una impunidad igual o mayor que esta. Un presidente mucho más viejo, casi centenario, lúcido, ya curado de espantos y mucho más allá del bien y del mal, Belisario Betancur, un presidente que estuvo a punto de firmar la paz con la guerrilla hace 30 años, pero que fue saboteado por la extrema derecha (mezcla de paramilitares, terratenientes y una franja del Ejército) mediante el exterminio de líderes de izquierda y de todo un partido político, la Unión Patriótica, este viejo presidente, en cambio, conservador y católico, votará por el sí. También Gaviria y Samper harán campaña por el sí.

Es humano que los presidentes Pastrana y Uribe sientan celos porque Santos haya logrado lo que ellos buscaron sin conseguir

Termino: las historias familiares, que son como una novela real, me han obligado a sentir y me han enseñado a pensar mucho sobre el sufrimiento, sobre la justicia y la impotencia, sobre la humillación y la rabia, sobre la venganza y el perdón. Escribir la injusticia que se cometió con mi padre, el asesinato de un hombre bueno, me curó de la necesidad de aspirar a ver en la realidad la representación de la justicia (una cárcel para los asesinos). De alguna manera yo siento que pude hacer justicia contando la historia tal como fue. Seguramente si mi cuñado hubiera podido contar la historia de su secuestro, como lo hicieron Ingrid Betancourt o Clara Rojas, ahora estaría más tranquilo y en el mismo grupo de ellas, el grupo de los que apoyamos el sí. Es por eso que ahora que he contado la historia de Federico, y ahora que he explicado mi posición para un periódico español, yo le preguntaría a mi excuñado lo siguiente: ¿no es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Esta sociedad pierde tiempo en debates abstractos”: Todd Howland

10/09/2016

El espectador

http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/esta-sociedad-pierde-tiempo-debates-abstractos-todd-how-articulo-654101

 

El representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, hace –con cautela diplomática– precisiones sobre el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, responde preguntas sobre el sistema de justicia especial creado y sobre las objeciones que se le han señalado. Y entrega la clave: confianza en los mecanismos pactados, siempre que se implementen en su integridad. En pocas palabras, si se pasa de la discusión a la acción eficiente.

 

¿Cuál es el balance que usted, como representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace en cuanto al sistema de justicia especial creado para juzgar a los actores del conflicto interno colombiano?

El acuerdo debe ser leído y entendido de manera integral: presenta un conjunto de mecanismos que buscan promover la justicia mediante iniciativas especiales de verdad, responsabilidad penal, búsqueda de desaparecidos, reparación y garantías de no repetición. La lectura aislada de uno de los componentes temáticos conduce a equivocaciones. Por ejemplo, leer la Jurisdicción Especial para la Paz sin el segmento relativo a la Comisión de la Verdad, llevaría a una distorsión del balance que se quiere lograr para promover la rendición de cuentas y el reconocimiento de responsabilidades. Pasa lo mismo si solo se considera lo contenido en el acuerdo sobre drogas ilícitas, ignorando el relativo a desarrollo rural. El acuerdo final es uno.

¿En el acuerdo hay garantías y espacios suficientes para que las víctimas tengan la seguridad de que sus derechos serán atendidos por encima de los de los victimarios?

Pienso que sí, pero puede ser mejor. La implementación del acuerdo es fundamental: una cosa son las garantías en el papel, otra son estas en la práctica. Es, además, importante entender que el sistema planteado en el acuerdo de paz es integral y está tratando de dar más espacio a las víctimas con acciones que no se limitan al campo penal, pues este se queda corto frente a los derechos de quienes han sufrido violaciones.

Se ha dicho que el tribunal para la paz, sus secciones, salas y su unidad de investigación y acusación, “sustituirán” al poder judicial ordinario. ¿Es también una preocupación de la Oficina?

No es una preocupación. Es aceptable que se creen secciones, salas y unidades de investigación en el marco de una iniciativa especial de persecución penal que se enmarque en un acuerdo de paz. Los tipos de casos que serán abordados demandan un tratamiento especial. Las expectativas de justicia son gigantescas. Nuestra Oficina brindará su acompañamiento para que esa iniciativa especial aplique los estándares internacionales y promueva la garantía de los derechos de las víctimas. De manera paralela, el Estado colombiano tendrá que seguir administrando justicia en relación con otro tipo de causas judiciales y promoviendo formas efectivas de justicia en las comunidades y territorios.

¿Cuáles son los derechos incuestionables de la víctimas que no pueden ser relegados ni olvidados en ningún caso por la justicia transicional?

La administración de justicia penal es medular para satisfacer los derechos de las víctimas. Pero no se debe perder de vista que este no es el medio más idóneo para producir ciertos resultados, como la reconstrucción de la memoria histórica o implementar reformas que garanticen la no repetición de ciertas violaciones. Por poner un caso, si no hay cambios estructurales en cultivos ilícitos y minería ilegal, será muy difícil la no repetición. El limitado alcance de la justicia penal conduce a la necesidad de resaltar el valor de otras herramientas. Espero que la discusión trascienda los temas penales.

¿Le preocupa que a los máximos responsables de crímenes de guerra no se les aplique la justicia debida por la supuesta laxitud del sistema de paz?

El acuerdo de paz está concebido para conseguir cambios que conduzcan a mayor respeto y protección de los derechos humanos de las víctimas y de todas las personas. La manera como el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (VJRNR) aborde las violaciones del pasado, establezca responsabilidades y reconozca el sufrimiento de las víctimas es, ciertamente, uno de los aspectos que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acompañará.

“Acompañar” podría significar que sí le preocupa el contenido del acuerdo, aunque no lo dice explícitamente…

No es un problema del contenido del acuerdo o de las normas, sino de la manera como serán implementadas las medidas. Si los distintos componentes operan de manera adecuada y complementaria, esta no tiene que ser una preocupación.

¿Para la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que usted representa existe igual responsabilidad o diferente, y en qué grado, entre los actores ilegales de la guerra y los agentes que representan al Estado?

Lo importante es que no se repitan las violaciones. El acuerdo de paz debe tener como fin la no repetición. Para conseguirla, el camino que debe seguirse incluye el doloroso recorrido por la reconstrucción de la verdad, el combate a la impunidad, la confrontación de la negación de las violaciones, el reconocimiento de las víctimas y su sufrimiento y la reparación. Las personas responsables de las violaciones también hacen parte del proceso de construcción de la paz. La manera como asuman su responsabilidad será determinante.

Los opositores del proceso de paz han dicho que los militares y policías no pueden ser “igualados” con los alzados en armas ante la justicia especial, porque los primeros actuaban a nombre del Estado. ¿En el Sistema Internacional de Derechos Humanos las responsabilidades judiciales de los agentes oficiales se disminuyen?

Aquí parece haber mucha confusión. El Estado y sus agentes tienen la especial responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos: ejercen el poder público. La Constitución colombiana establece, expresamente, que mientras los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, “los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. El Derecho Internacional refleja esta misma concepción y, por eso, cuando un Estado no hace nada frente a los abusos de poder u otro tipo de violaciones (de sus agentes) cometidas bajo el amparo de la ley, es responsable internacionalmente. Esto no quiere decir que otros actores, como los miembros de un grupo ilegal, no puedan ser encontrados responsables de violaciones.

¿Por qué recae en los estados y en sus agentes la “especial responsabilidad” de proteger los derechos humanos?

La atribución de responsabilidad internacional al Estado y el estándar superior de responsabilidad de los funcionarios públicos, en particular de los mandos, son nociones que nacen del interés legítimo de todas las sociedades, de controlar el ejercicio del poder público, prevenir que este no se desvíe o garantizar que el poder estatal no pueda ser utilizado para proteger a personas que han cometido violaciones.

En general, ¿hay que desconfiar del sistema especial de justicia, como dicen los críticos del acuerdo?

Los debates en Colombia suelen estancarse a partir de lecturas que polarizan y que son extremas. Por ejemplo, que los acuerdos son lo mejor o lo peor que le puede pasar al país. Sin embargo, insisto, lo que se debe estar debatiendo es cómo se pueden implementar los acuerdos para lograr la mayor cantidad de cambios favorables para los derechos humanos. Otro ejemplo: en materia de justicia, la discusión debería centrarse en cómo aprovechar lo acordado para avanzar en el proceso de reconocimiento de las atrocidades, tan postergado en el país. Esta es una sociedad que pierde tiempo en debates abstractos y no asume que el impacto de una ley o de un acuerdo, realmente depende de su ejecución.

Pero, por el momento, parece que todo el mundo se centra en los textos más que en las acciones…

Las normas (escritas) pueden ser perfectas, pero su aplicación, equivocada. Asimismo, pueden ser ambiguas o problemáticas y su interpretación y aplicación, resultar acertadas. Podemos pasar días discutiendo el contenido de lo acordado y resaltando sus problemas. Creo, sin embargo, que los esfuerzos deben concentrarse en que los principios del derecho internacional de los derechos humanos sean, efectivamente, aplicados.

En concreto, ¿los compromisos escritos satisfacen las exigencias pero la comunidad internacional teme que no se cumplan en la práctica?

El sistema integral VJRNR tiene metas ambiciosas. Debe tenerlas porque la sociedad colombiana debe confrontar el amplio y profundo legado que ha dejado la atrocidad. La solicitud de pasar de la retórica a la práctica ha sido reiterada por organismos defensores de derechos humanos desde hace décadas.

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, celebró el acuerdo, pero también pidió que “el país pase de la retórica a la acción”. Entonces, coincide con su Oficina…

Nuestro informe anual, presentado en marzo, señala que el acuerdo de paz es sólido conceptualmente, pero que hay riesgos porque no se ha pensado la óptica de la implementación. Nuestra atención está puesta en los aspectos prácticos de lo pactado. Por ejemplo, la Oficina brindará acompañamiento en el proceso de salida de los integrantes de las Farc de las cárceles y las partes pactaron que este paso debe darse con gran celeridad. Una de las condiciones consiste en que estas personas se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, contribuyan al esclarecimiento de la verdad y apoyen las reparaciones. En el papel, suena lógico y relativamente sencillo. Pero en la práctica, el proceso es complejo y debe ser planificado de manera secuencial y condicional para que el tratamiento penal especial tenga sentido para las víctimas, para la sociedad en general e, incluso, para los beneficiarios.

¿Por qué el proceso debe adelantarse “secuencial y condicionalmente”?

Las acciones de preparación para asegurar que el tránsito a la civilidad sea exitoso, son múltiples e incluyen iniciativas novedosas de educación y trabajo para los liberados. Por otro lado, para las víctimas y el resto de la sociedad, su liberación no tendrá mucho sentido si no está atada al proceso de reconocimiento de su responsabilidad por los daños causados. Este ejemplo sencillo ilustra cómo todos los componentes están concatenados.

¿Es cierto que Colombia es el primer país del mundo en llegar a un acuerdo de paz después de aprobado el Estatuto de la CPI y que, en ese sentido, somos una especie de laboratorio que Naciones Unidas está examinando, un poco a ciegas?

¡Umm! Muchas veces las personas ciegas tienen mejor visión que las personas que ven. Pero volviendo al sentido de su pregunta, la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos existe y evoluciona en el marco del Sistema Universal de la ONU y del Sistema Interamericano. El desarrollo del derecho penal internacional y el establecimiento de la Corte Penal Internacional están insertos en un marco más amplio. Las obligaciones del Estado colombiano en materia de justicia no comienzan ni terminan con la CPI. Es un mecanismo trascendental, pero no es el único relevante. Hay bastante experiencia. Esperemos que se sepa aprovechar.

Un punto clave para definir —en la discusión interna— es si habrá una paz “justa” con las sanciones alternativas que se aplicarán en la justicia transicional. ¿Cuál es la medida justa o la que resulta injusta para los organismos internacionales?

La paz justa consiste en la superación de las violaciones en las áreas de conflicto. La “justa” medida de castigo, como usted plantea, es un atributo que depende de muchos factores sociales y culturales. Claro que hay estándares jurídicos sobre la aplicación del derecho penal y éstos condicionarán la administración de justicia en Colombia. Una de las grandes justificaciones de la aplicación de medidas de justicia transicional es recuperar una noción robusta de justicia, una que tenga sentido para los distintos sectores de la sociedad. Esa meta —que la justicia adquiera valor y vigencia en Colombia— debería motivar la participación de la ciudadanía.

¿Es aceptable la reducción de penas a los responsables de delitos a cambio de verdad, perdón y promesa de no repetición, o no se pueden canjear una por los otros?

En muchos países, el sistema de justicia se basa en la reducción de penas a cambio de verdad. En Estados Unidos, por ejemplo, el 90 % de quienes están en las cárceles aceptan los cargos y, a cambio, se les reducen las penas.

Ante los miles de casos que tendrá que asumir la justicia transicional, ¿las víctimas tienen el derecho de señalar las investigaciones prioritarias para los jueces o esa selección debería contar con elementos más científicos y menos emocionales?

Se sabe que aquellos perpetradores que escondan o nieguen las violaciones o su responsabilidad en éstas no recibirán tratos más favorables. La participación de las víctimas es fundamental en relación con todos los componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Deben tener parte activa y significativa en todas las fases de ejecución. En el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin su participación, los procesos no tendrían mayor sentido. Así que no sólo el proceso de priorización o selección debe ser adelantado en consulta directa con las víctimas, sino que todas las etapas deben incorporar un programa robusto de participación para ellas. No es un problema solamente técnico, de racionalidad o de emociones. El éxito de los mecanismos de justicia transicional depende de los cambios sociales que promuevan. Sin las víctimas y la sociedad, la justicia puede ser un escenario hueco.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lo que está acordado, lo que está a punto de anunciarse y lo que falta en La Habana

Lo que está acordado, lo que está a punto de anunciarse y lo que falta en La Habana.

 

 

http://lasillavacia.com/historia/lo-que-esta-acordado-lo-que-esta-punto-de-anunciarse-y-lo-que-falta-en-la-habana-56224

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Acuerdo de Dialogos para la Paz

Acuerdo de Dialogos para la Paz

ELN

http://eln-voces.com/index.php/dialogos-de-paz/agenda-de-paz/602-acuerdo-de-dialogos-para-la-paz

 

El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en adelante “las Delegaciones”, como resultado de los diálogos exploratorios y confidenciales, y dada su disposición manifiesta de paz, han convenido instalar una mesa pública de conversaciones, para abordar los puntos que se establecen en la agenda, con el fin de subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad.

Los diálogos exploratorios se llevaron a cabo entre enero de 2014 y marzo de 2016 en la República de Ecuador, la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, cuyos gobiernos actuaron como garantes junto con el Gobierno de Noruega; durante esta fase oficiaron como acompañantes los gobiernos de la República de Cuba y la República de Chile. A todos ellos el Gobierno Nacional y el ELN expresan especial reconocimiento y gratitud. Es esencial la continuidad del acompañamiento de la comunidad internacional.

Reconociendo que la paz es un bien supremo de toda democracia, y con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política; ubicando en el centro el tratamiento a la situación de las víctimas; y avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la paz estable y duradera.

Las Delegaciones hemos acordado:

1) Instalar una mesa de conversaciones públicas en Ecuador

2) Las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, y Cuba. Estos países junto con Noruega serán los garantes.

3) Adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las Delegaciones del Gobierno y el ELN.

4) Ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda.

5) Desarrollar la siguiente agenda:

 

I. AGENDA

1. Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

La participación de la sociedad será:

a) En función de iniciativas y propuestas, que hagan viable la paz, en el curso y contexto de este proceso.

b) Sobre los temas de la agenda.

c) Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones.d the regions.

 

2. Democracia para la Paz

La democracia para la paz es el propósito de este punto del acuerdo:

a) Realizar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad, y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad.

b) Tratamiento de los conflictos hacia la construcción de la paz.

c) Revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública. Tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social.

d) Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía.

 

3. Transformaciones para la Paz

Acordar transformaciones para la paz es el propósito de este punto, teniendo en cuenta:

a) Las propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad, sustentadas en los resultados del punto 2 de esta agenda (“Democracia para la Paz”).

b) Programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción, y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad.

c) Planes alternativos integrales con enfoque territorial, que constituyan opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades.

 

4. Víctimas

En la construcción de una paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación.

 

5. Fin del Conflicto Armado

El objetivo de este punto es ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política y propiciar el transito del ELN a la política legal. Para lo cual se abordarán los siguientes puntos:

a) Definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes.

b) Condiciones y garantías de seguridad para el ELN.

c) Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN.

d) Tratar la privación de libertad de los miembros del ELN procesados o condenados.

e) Esclarecer el fenómeno del paramilitarismo para que no se repita.

f) Dinámicas y acciones humanitarias.

g) Cese del fuego y hostilidades bilateral para la terminación del conflicto armado.

h) En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado.

El gobierno hará los ajustes institucionales y procedimentales requeridos para dar debido cumplimiento a los acuerdos a que se llegue en este punto.

 

6. Implementación

La implementación está dirigida a ejecutar los acuerdos pactados en esta agenda, para materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) La fase de implementación de los acuerdos estará definida por un Plan General de Ejecución, que fundamentalmente se construirá con los planes específicos de cada punto de la agenda. Dicho Plan se elaborará en este punto y contará con un cronograma.

b) El Plan General de Ejecución de acuerdos incluirá mecanismos de control, seguimiento y verificación, que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno y el ELN.

c) El Plan General de Ejecución de acuerdos contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica y diplomática.

d) Acuerdo sobre refrendación que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro.
e) A la firma del acuerdo final se dará inicio al Plan General de Ejecución de acuerdos.

 

II. FASE PÚBLICA

1. Información objetiva al país sobre el curso del debate y los avances de la mesa:

a) La sociedad requiere información objetiva y equilibrada sobre los diálogos y el proceso de paz; para tal efecto se propiciará, entre otras, la comunicación participativa.

b) Declaraciones conjuntas a fin de cada ciclo y cuando las Delegaciones consideren conveniente.

c) Declaraciones de cada Delegación cuando lo considere conveniente, preservando la confidencialidad en los temas que de manera conjunta se acuerden.

d) La mesa tendrá sus propios instrumentos de comunicación, como comunicados conjuntos, boletines, página web y los que se acuerden en el transcurso de la fase pública.

 

2. La pedagogía para la paz se sustenta en:

a) La participación de la sociedad.

b) La incidencia de la mesa en la transformación del conflicto armado.

c) Crear ambiente favorable para la paz.

d) Comunicar esta pedagogía como elemento en la construcción de una cultura de paz.

e) Los diálogos de paz se desarrollarán en un ambiente de trato respetuoso.

 

3. Funcionamiento de la Mesa

a) Cada Delegación estará integrada hasta por 30 representantes. En las sesiones de la mesa participarán hasta 10 personas por Delegación, 5 principales y 5 suplentes.

b) Las conversaciones en la fase pública se desarrollarán de acuerdo con el orden de la agenda establecida. Cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo.

c) Una vez hecho público este proceso, se establecerán mecanismos con la mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía.

d) Las Delegaciones acordarán un reglamento de funcionamiento de la mesa para la fase pública.

e) En cada sesión de trabajo se establecerá el tiempo de duración de la siguiente. La duración de las reuniones, los recesos entre las mismas y las consultas se definirán de acuerdo con el avance y las necesidades de trabajo conjunto o por delegación. Se priorizará el tiempo de trabajo conjunto para desarrollar la agenda.

f) Cada Delegación tendrá los asesores que considere necesarios para el desarrollo del proceso. De igual manera la mesa.

g) Para el tratamiento de las propuestas recibidas sobre los puntos de esta agenda se le dará especial relevancia a las recomendaciones de la sociedad. Las Delegaciones definirán la metodología de trabajo y las formas en que estas iniciativas se considerarán, así como los mecanismos y formas de participación de la sociedad.

h) Se acordaran mecanismos de seguridad para los miembros de las delegaciones, durante su permanencia en la sesiones de trabajo y en los desplazamientos.

 

4. Financiación

El gobierno colombiano dispondrá de los recursos para el funcionamiento de su Delegación. Los gastos relacionados con el ELN (Delegación, asesores y actividades a desarrollar dentro del curso del proceso) se financiarán a través de un fondo con recursos de cooperación internacional, que se establecerá con ese propósito, y para lo cual se conformará un grupo de países para el apoyo y cooperación.

 

 

Delegación del ELN para los Diálogos

Posted in Proceso Paz ELN | Tagged , | Leave a comment

Primeros diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN

Primeros diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN

 

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/statements/the-colombian-government-s-first-official-peace-talks-with-the-eln.aspx?alt_lang=es

 

El International Crisis Group da la bienvenida al anuncio hecho el 30 de marzo sobre el “Acuerdo de diálogos para la paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional” (ELN) en Colombia, y el inicio de la fase pública de las negociaciones. Estos diálogos, junto con los que están finalizando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, son la mayor oportunidad para poner fin a 52 años de conflicto armado. Las partes deben ahora construir confianza no solo entre ellos mismos, sino también con un público escéptico, sincronizando ambos procesos de diálogo para pasar rápidamente a acuerdos específicos, con total apoyo internacional, particularmente de los países garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela).

Las negociaciones con el ELN se enfrentan a múltiples retos. El primero es que van a comenzar mientras continúan las hostilidades, lo que pone en riesgo la continuidad de los diálogos. El Presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que el Gobierno no avanzará en el proceso de paz con el ELN mientras la guerrilla siga teniendo víctimas secuestradas. Las guerrillas no han anunciado el final de estos secuestros, aunque recientemente liberaron a dos rehenes a petición del Presidente. Con el fin de aumentar su legitimidad en los diálogos, el ELN debería considerar un cese al fuego unilateral como el que llevaron a cabo las FARC.

La agenda de seis puntos, que cubre cuestiones esenciales para ambas partes, es todavía bastante general: la participación de la sociedad en la construcción de la paz; democracia para la paz; transformaciones para la paz; víctimas; fin del conflicto armado e implementación. Aunque es importante mantener flexibilidad, una mayor definición de los subpuntos de la agenda ayudaría a guiar el diálogo. De no ser así, una aproximación demasiado genérica podría jugar en contra de la intención de firmar un acuerdo antes de que finalice el actual gobierno de Santos en el 2018.

Quizá la característica más distintiva del proceso de paz con el ELN en comparación con el de las FARC es el anuncio de la participación de la sociedad. Este nuevo elemento es positivo en principio y puede ayudar a superar los obstáculos encontrados en la confidencialidad de los diálogos con las FARC en La Habana e impulsar el apoyo social del acuerdo entre los colombianos. Sin embargo, la participación ciudadana debe ser diseñada, desarrollada, y llevada a cabo cuidadosamente y con eficiencia para que sea un catalizador en vez de un obstáculo. Al mismo tiempo, es importante identificar y adoptar – en el marco de un debate equilibrado – las lecciones específicas aprendidas de las negociaciones con las FARC. El significado de los proyectos piloto, el uso de asesores, el papel clave de la comunidad internacional, así como la claridad y flexibilidad metodológica son algunas de las cuestiones que pueden resultar útiles en este proceso.

Otra diferencia con el proceso de las FARC, el cual solo ha tenido lugar en La Habana, es que en el caso del ELN las negociaciones se darán en mesas de “sesiones” en cinco países: Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela. Coordinar y programar estas mesas y “sesiones” va a implicar un reto logístico, de comunicación y de metodología. Estos dos años de contactos preliminares con el ELN evidencian que las conversaciones formales han tenido un sólido punto de partida. Ahora las partes deberán llevar a cabo un progreso rápido, desescalar las hostilidades y sincronizar las negociaciones en La Habana de tal forma que los colombianos disfruten de los frutos de la paz tan pronto como sea posible.

 

 

 

Posted in Proceso Paz ELN | Tagged , , | Leave a comment

Acuerdo sobre las Víctimas del C onfl i cto “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No  Repetición”

comunicado conjunto 64

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/documentos-y-comunicados-conjuntos/Documents/comunicado-conjunto-15-de-diciembre-de-2015.pdf

 

borrador conjunto punto Víctimas

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/documentos-y-comunicados-conjuntos/Documents/acuerdo-victimas.pdf

 

Posted in FARC-EP, Gobierno, Negociaciones, Proceso de Paz | Tagged , , , , , , | Leave a comment