SE ABRE RUTA PARA REPARAR A VÍCTIMAS DE NARCOTERRORISMO – El tiempo

Se abre ruta para reparar a víctimas de narcoterrorismo

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16 de Octubre del 2013

http://www.eltiempo.com/justicia/se-abre-posibilidad-para-reparacion-de-victimas-de-narcoterrorismo_13128064-4

 

 

 

 

Atentado contra avión ordenado por Escobar en 1989 fue crimen ‘narcoparamilitar’, según Gobierno.

La posibilidad de que las víctimas del terrorismo del cartel de Medellín en los 80 y los 90 sean reparadas por el Estado se empieza a abrir paso.

La Unidad de Víctimas acaba de reconocerle esa condición a Federico Arellano, hijo del reconocido músico vallecaucano Gerardo Arellano. El artista era uno de los pasajeros del HK-1803 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali y que fue volado por la mafia el 27 de noviembre de 1989. La bomba mató ese día a 107 personas.

Por orden de la Corte Constitucional, el Gobierno ha empezado a abrir el espectro de beneficiarios de la Ley 1448, del 2011, que el Congreso limitó a las víctimas directas del conflicto, esto es, afectados por guerrillas, paramilitares o agentes del mismo Estado. (Lea aquí: ‘Gobierno hará revisión caso por caso’: Unidad de Víctimas)

En octubre del año pasado, la Corte Constitucional estableció que el reconocimiento como víctimas no podía ser negado de entrada sin haber hecho antes un análisis de los eventuales vasos comunicantes del hecho violento con el conflicto armado. Los magistrados ordenaron una “visión más amplia”, que ha llevado, por ejemplo, a que desplazados forzados por acción de las bandas criminales también reciban ahora reparación administrativa, a pesar de que se considera que esos grupos son de delincuencia común.

Tras una primera negativa para reconocer a Federico Arellano como víctima, la Unidad revisó el caso y determinó que había una clara relación entre el atentado contra el avión de Avianca y la finalidad de desestabilizar a la sociedad y al gobierno colombianos.

Relación con el conflicto

Aunque se trata de un caso individual, la misma tesis es aplicable a los atentados que ordenó el capo del narcotráfico Pablo Escobar para intentar frenar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, más aún porque en muchos de ellos participaron, como gatilleros o como soporte logístico, paramilitares del Magdalena medio y Córdoba.

Federico Arellano, abogado especialista en derechos humanos y presidente de la Fundación Colombia con Memoria, le dijo a ELTIEMPO.COM que la inclusión en la ley de víctimas era un paso necesario y un reconocimiento justo a la situación de unos 50.000 afectados por los crímenes de los carteles en la época del narcoterrorismo.

La Fundación empezará a realizar jornadas de sensibilización y orientación a partir de noviembre para asesorar a quienes reclamen la reparación por vía administrativa. El 27 de noviembre, además, se realizará un acto conmemorativo, en el cual se sembrarán 107 árboles en el lugar donde cayó el avión de Avianca, luego de explotar en el aire, en una zona rural del municipio de Soacha.

“Vamos a rendir homenaje a nuestras víctimas en el lugar que fue uno de los escenarios del terrorismo. Queremos que se convierta en un campo de esperanza”, dijo.

Él y otros familiares de las víctimas del atentado consideran que la parte penal sigue sin moverse, a pesar de que ese y otros crímenes de la mafia –el del DAS, en diciembre del 89; el asesinato en cautiverio de la periodista Diana Turbay y el asesinato de Guillermo Cano, director del diario El Espectador en 1986– fueron declarados de lesa humanidad.

Desplazados por las bandas ya habían sido protegidos por la Corte

Una sentencia de la Corte Constitucional, del 10 de octubre del año pasado, ha sido la clave para que la Unidad de Víctimas incluya como sujetos de reparación administrativa (la concedida por el Estado sin orden judicial de por medio) a personas que inicialmente quedaban por fuera del registro, por la forma en que fue redactada la Ley 1448.

La norma, que ya beneficia a 5,7 millones de personas afectadas por el conflicto armado, reconocía esa condición a víctimas desde 1985 y la limitaba a actos cometidos por guerrillas, paramilitares o agentes del mismo Estado, es decir, a actores del conflicto.

Esa limitante, que fue acogida por el Gobierno, en buena medida por razones presupuestales, dejaba por fuera de la reparación a víctimas de otras violencias que han estremecido el país, como la de las bandas criminales y, sobre todo, la del narcotráfico.

La Corte Constitucional, que declaró exequible la ley, empezó el año pasado a ampliar el horizonte.

El punto de los magistrados es que una política de reparación debe “incluir la complejidad y evolución” del conflicto armado en Colombia.

Así, aquellos han señalado que las víctimas de desplazamiento cometido por las bandas criminales –organizaciones de narcotráfico puro y duro– deben ser reconocidas y asistidas por la Unidad de Víctimas. Ahora se abre la puerta para los que sufrieron la violencia del narcoterrorismo.

Otros crímenes de la mafia que sacudieron al país

Magnicidio de Guillermo Cano

Desde su posición como director de ‘El Espectador’, Guillermo Cano se convirtió en uno de los abanderados en la lucha contra el narcotráfico. Fue uno de los primeros en señalar a Pablo Escobar Gaviria como jefe del cartel de Medellín. Los editoriales de Cano lo pusieron en la mira del capo, que ordenó asesinarlo. A las 7 de la noche del 17 de diciembre de 1986, sicarios de Escobar le dispararon a la salida del periódico, en Bogotá.

Bombazo en el edificio del DAS

Un bus cargado con 500 kilos de dinamita, que se controlaban a control remoto, explotó a las 7:30 de la mañana del 6 de diciembre de 1989 en la sede principal del DAS, ubicada en Paloquemado, en Bogotá. El atentado, uno de los más brutales cometidos por Pablo Escobar, dejó 70 personas muertas y 500 más heridas. La bomba buscaba asesinar al exdirector del DAS Miguel Maza Márquez

Asesinatos de candidatos presidenciales

Entre agosto de 1989 y abril de 1990 fueron asesinados en hechos similares y en plena campaña los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.

REDACCIÓN JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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