EL ACUERDO SOBRE DROGAS ILÍCITAS: ESPERANZAS Y DESAFÍOS

El acuerdo sobre drogas ilícitas: esperanzas y desafíos

19/05/2014

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Aunque algunos critiquen el momento de anunciarlo, este tercer acuerdo entre el gobierno y las FARC es un paso decisivo hacia la paz y hacia la solución del problema de las drogas. En qué consiste, qué se puede esperar y cuáles serán los obstáculos.

 

 

 

Bueno pero no mágico

Tanto el anuncio de un acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre el problema de las drogas ilícitas,  como su contenido, deben ser recibidos con optimismo.

En un artículo anterior  en Razón Pública expliqué por qué este acuerdo no llevará al fin del narcotráfico ni de los cultivos ilícitos: tener claro este punto es esencial para la legitimidad futura del proceso. Sin embargo, es un avance sin precedentes, que debe contar con el apoyo de toda la sociedad, del Estado y de la comunidad internacional.

Este acuerdo no llevará al fin del narcotráfico ni de los cultivos ilícitos: tener claro este punto es esencial para la legitimidad futura del proceso.

Partiendo de la importancia de “dar un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena”, es decir, consumidores y cultivadores, el acuerdo permite tomar distancia de la ortodoxia en materia de lucha contra las drogas que ha tenido efectos  desproporcionados para esos sectores más débiles. El gran desafío será su aplicación efectiva.

A continuación analizo brevemente los tres puntos esenciales del acuerdo, y lo que considero son sus principales virtudes y desafíos.


Las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Farc
anuncian acuerdo sobre el cuarto punto de los
diálogos de paz.
Foto: Presidencia de la República

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)

En este punto se refleja el entendimiento de los negociadores en el sentido de que la sustitución de cultivos debe estar ligada al desarrollo rural y a la existencia de alternativas de vida sostenibles en el campo colombiano. El énfasis sobre la participación de las comunidades afectadas, y la relación entre este punto y el acuerdo sobre desarrollo rural integral, constituyen una base excelente para un programa que vaya más allá de la simple  eliminación de los cultivos.

Los grandes desafíos vendrán en el momento de aplicar esta política, en lograr que el programa sea sostenible, en mantener su financiación en el largo plazo, y en conectar efectivamente los proyectos e incentivos para sustitución de cultivos con estrategias regionales de desarrollo rural, y con cadenas de valor agregado.

Existe una base de experiencias de desarrollo alternativo (en Bolivia, Colombia y Perú, pero también en lugares como Tailandia) que ofrece varias lecciones claras:

  • Se necesitan estrategias productivas de largo plazo; un subsidio enmarcado en un programa de dos años no es garantía de éxito.
  • Sustituir cultivos no implica simplemente que los campesinos volverán a las actividades que tenían antes de involucrarse en la economía cocalera, ya que sus vidas han sido transformadas por el conflicto.
  • El énfasis sobre proyectos productivos individuales o familiares tendrá un impacto limitado mientras estos no estén insertados en las condiciones económicas regionales y nacionales.
  • La consulta y diseño de estrategias por parte de las comunidades es esencial, pero no será suficiente sin la participación del Estado para ligar proyectos con planes de desarrollo, construcción de infraestructura, y oportunidades de comercialización.
  • Los programas de desarrollo alternativo necesitan instrumentos adecuados y  control y seguimiento.

No será fácil aplicar estas enseñanzas. Se necesitan recursos. Se necesita resolver los problemas graves que afectan al campo colombiano y que van desde la falta de infraestructura y tenencia de tierra,  hasta tensiones entre desarrollo rural y grandes intereses mineros y agroindustriales.  También se necesita el apoyo de la comunidad internacional, y especialmente de Estados Unidos, en redefinir el papel de la aspersión aérea en el control de drogas.

Precisamente en el tema de la aspersión el acuerdo presenta puntos importantes. Por un lado reconoce que los apoyos del gobierno deben condicionarse al cumplimiento de compromisos por parte de los cultivadores. Por otro lado reconoce que si esos compromisos son incumplidos, el gobierno y las comunidades podrán recurrir a la erradicación manual, y solo en caso extremo a la aspersión (que sigue siendo rechazada por las FARC).

Algunos expertos han mencionado que la aspersión aérea muy regulada puede resultar más efectiva que la erradicación manual en tanto reduce el riesgo físico que implica erradicar manualmente en zonas minadas. En este sentido, la inclusión del desminado en el acuerdo es crucial, precisamente para encontrar un balance entre la necesidad de reducir o eliminar la aspersión aérea que trae problemas ambientales y de legitimidad para el Estado, y la necesidad de no exponer a las poblaciones involucradas en el proceso al riesgo de las minas.

El desminado requerirá un compromiso enorme de las FARC, y en cualquier caso no es un proceso fácil. Por eso la tensión entre exigir compromisos claros de los cultivadores,  prevenir la resiembra y reducir los daños asociados con la erradicación manual y la aspersión, será uno de los grandes desafíos del PNIS.

Prevención del consumo y salud pública

Este punto también significa un avance en redefinir las políticas antidrogas, al entender el problema del uso de drogas como uno de salud, y no de seguridad, pública.

Las partes acordaron crear una instancia nacional para coordinar las políticas de prevención y tratamiento, que incluya diversos sectores científicos y sociales. También  resaltan la importancia de diagnósticos  regionales para adoptar políticas adecuadas. Estas dos propuestas son constructivas y adecuadas para modernizar las estrategias de  prevención y tratamiento, que hoy son prácticamente inexistentes en Colombia.

Sin embargo, el contenido de este punto es más vago que el anterior, y aunque presenta avances importantes, guarda silencio frente a un tema inextricablemente ligado al uso, que es la actual “guerra” contra el micro-tráfico. Aquí nos esperan nuevos debates, pues las contradicciones del gobierno actual se vuelven evidentes al tratar este asunto.

Por eso la tensión entre exigir compromisos claros de los cultivadores,  prevenir la resiembra y reducir los daños asociados con la erradicación manual y la aspersión, será uno de los grandes desafíos.

En efecto: para responder al micro-tráfico el gobierno ha subrayado el componente militar y de destrucción de “ollas” por encima de esfuerzos para tratar las complejas raíces del consumo de estupefacientes. Se ha seguido insistiendo en la limpieza de los lugares de consumo, sin atacar el problema de adicciones ni desactivar las grandes redes de distribución. La política ha simplificado el problema de distribución interna de drogas, como si fuera un fenómeno reciente, desconociendo así las raíces individuales y comunitarias de las adicciones.

Como hace poco señaló Jorge Parra, a 20 años de la despenalización de la dosis minima, el porte y consumo de dosis minima siguen siendo reprimidos. Esto en parte es resultado de las prioridades de la policía que se enfocan sobre la cantidad de droga incautada o sobre el número de capturas. Por eso una nueva estrategia tiene que pasar por el diagnóstico y diseño de medidas para prevenir y tratar las adicciones -como propone el acuerdo- pero además por una redefinición de prioridades de la acción policial en la lucha contra el micro-tráfico.


Raspachín de coca.
Foto: Ministerio de Cultura

Producción y comercialización de narcóticos

En este punto se anuncia una política criminal que pondría el énfasis sobre la investigación y judicialización de  los delitos asociados con el narcotráfico, asegurando un “tratamiento diferencial” para los campesinos. Así prosigue la reorientación hacia el enfoque de desmantelar los grandes grupos pero tratar con cuidado a los cultivadores y los usuarios.

Este apartado no es igualmente claro acerca de la prioridad de destruir las redes en vez de  dedicarse a capturar los eslabones más bajos de la cadena. Hoy por hoy estos eslabones aportan el grueso de las condenas por narcotráfico, alrededor del 90 por ciento según un estudio de Uprimny y Guzmán.

Lo más positivo del acuerdo podría ser el conjugar la lucha contra la corrupción y el lavado con las acciones en contra del crimen organizado. Corrupción y lavado han sido  los elementos más descuidados en la “guerra contra las drogas” no sólo en Colombia, sino en el mundo donde, por ejemplo, los bancos responsables de lavar activos no se exponen a condenas criminales. Por eso mismo es también acertada la iniciativa de diagnosticar y mapear mejor las redes de lavado y corrupción.

Pero habrá que esperar a la ejecución de esta política, donde la falta de coordinación entre las agencias responsables del gobierno ha sido, y seguirá siendo, un gran obstáculo.

Si bien este punto toma distancia de las políticas tradicionales, en otros aspectos  mantiene  una línea no muy distante de la tradicional. Una premisa especialmente problemática es suponer  que tras la firma del acuerdo sólo quedarán las “estructuras (sic) del crimen organizado”.

Sin desconocer los avances que el proceso de paz y la desvinculación de las FARC del narcotráfico le traerán a Colombia, no son pequeños los desafíos que quedarían pendientes. Ni estos actores criminales están completamente separados del conflicto, como se puede ver en relación con las BACRIM. Aquí están de por medio las complejas relaciones entre control territorial, modalidades del conflicto y altos niveles de violencia en muchas zonas, como Juan Carlos Garzón explicó en la anterior edición de esta revista.

En suma, el acuerdo deja insatisfechos a quienes querían una aceptación más clara de responsabilidades por parte de las FARC, una reforma más radical de las políticas antinarcóticos, o a quienes critican la clara intención política del anuncio a una semana de las elecciones.  Pero es un avance innegable y un logro importante en un tema tan espinoso. El acuerdo obviamente contribuirá al alejar a las FARC del narcotráfico, pero no eliminará este flagelo, y su efectividad dependerá de cómo se lo lleve a la práctica.

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