EL CONSEJO NACIONAL DE PAZ Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

El Consejo Nacional de Paz y la Participación de la Sociedad

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El Consejo nacional de paz –CNP- fue creado en la presidencia de Ernesto Samper, el 3 de Febrero de 1998, mediante la Ley 434. Su misión, dice el artículo 3 será  “propender por el logro y mantenimiento de la paz”. El Presidente ha dicho que le hará algunos ajustes y ha conformado un Comité de impulso que está planteando ampliar los participantes, darle juego en las mesas de diálogo con la insurgencia.

Ello es positivo. Así como es válida la participación de organizaciones y de procesos político-sociales, si se les convoca al CNP, en tanto ello ayuda al reconocimiento  de las mismas y a su respeto por parte del Estado y les da oportunidad de actuar en un espacio, que actúa en torno a la paz, así sus alcances sean limitados.

Sin embargo, nos auto engañaríamos, si en las filas del movimiento popular, se creyese que el Consejo nacional de paz es el instrumento idóneo para la participación de la sociedad en el proceso de paz y en la construcción de los acuerdos que nos lleven a una paz con justicia y equidad.

El CNP es un órgano estatal, limitado en sus alcances y en cuya composición, así se le hagan ajustes, van a primar las instituciones del Estado y la voz y decisiones de las clases gobernantes,  del  poder económico y de los grandes medios de comunicación.

Por disposición de la ley que lo creó, este Consejo es sólo “órgano asesor y consultivo del gobierno nacional”. Lo convoca el Presidente y no sus integrantes. Por eso hace varios años no tiene vida. No lo había convocado el presidente Santos ni sus antecesores. No les interesó o no lo necesitaron.

Este órgano asesor, está diseñado para ser un consultor del gobierno,  más no para ser un instrumento para viabilizar la participación de la sociedad en la construcción de unos acuerdos, para la solución política y la paz. Menos para  facilitar la participación efectiva a los de abajo en la misma.

En su composición están las entidades oficiales en una significativa proporción (varios ministerios, órganos de control del estado, delegados de los parlamentarios, de los diputados, de los gobernadores, de los alcaldes, de los Consejos municipales y distritales, de los personeros, etc.), también tienen mucha importancia, la iglesia, los gremios económicos patronales y en general las representaciones de los de arriba. El porcentaje más pequeño, lógicamente  es el que se le asigna, a las mayorías del país, a las organizaciones populares, a los de abajo.

Está bien que se haga presión buscando que no sea un aparato tan de bolsillo del gobierno y porque se amplíen los integrantes que fijó la Ley 434. Respaldamos esos propósitos. Pero aun si ello se lograse, hay que ser conscientes de sus limitaciones. Esos ajustes pueden ser beneficiosos. Pero no cambian su esencia, ni sus diseños básicos.

Para conseguir la participación de la sociedad y en especial la de las mayorías, la de la nación, la de aquellos que no hacen parte de las elites dominantes, hay que levantar espacios propios del movimiento social, espacios autónomos del gobierno, que garanticen o faciliten la democracia y la participación. Pero a la vez hay que obligar al gobierno a que los reconozca, a que los tenga en cuenta y tenga que considerar sus propuestas y sus decisiones. Sin embargo,  ello no pasará de ser un deseo, sino no se tiene fuerza y ésta sólo la da la capacidad de lucha y de movilización, el respaldo social y la legitimidad. Esas son cuestiones de primer orden a tener en cuenta.

Lo anterior determina prioridades, indica dónde y en qué centrar las fuerzas, para viabilizar la participación de la sociedad y para ayudar al empoderamiento del pueblo, para que éste sea actor real en la construcción de los acuerdos para la paz, en el proceso de paz y en la paz misma.

Los esfuerzos mayores tendrán que darse en el empoderamiento del campo popular-democrático como sujeto, en la conquista del diálogo nacional y social. Los paros agrarios del año pasado y el actual, mostraron cómo mediante la movilización y el respaldo social, se ha logrado que el gobierno tenga que dialogar o que al menos haya hecho la promesa de dialogar con los pobres del campo, sobre cuestiones de fondo de la problemática agraria del país, contempladas en los puntos del pliego de la Cumbre agraria.

Lo anterior no es ajeno a la construcción y fortalecimiento del Movimiento social  por la paz. Pues éste es en esencia y así hay  trabajarle, un proceso de masas, de movilización, de acción por la solución política, por la paz y por tanto por la democracia y los cambios.

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