GOBIERNO CONTESTÓ A LAS 68 INQUIETUDES DEL URIBISMO

Gobierno contestó a las 68 inquietudes del uribismo

El jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Humberto De la Calle, precisó que no habrá una paz armada en el país y no se darán curules a las Farc.

Por Javier Alexander Macías Juan Carlos Monroy Giraldo
23 de octubre de 2014

 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_contesto_a_las_68_inquietudes_del_uribismo/gobierno_contesto_a_las_68_inquietudes_del_uribismo.asp

Ejecutivo dice que no claudica ni hace “regalos al terrorismo”

Con tres acuerdos parciales tras dos años de negociaciones con las Farc, y en vísperas de iniciar por primera vez en unos diálogos la discusión del fin del conflicto, el Gobierno defiende cada vez más el proceso de paz para buscar respaldo en un país polarizado entre partidarios y detractores de negociar con las guerrillas.

La decisión de mostrar más los avances que destaca el Gobierno y desmentir lo que sus negociadores califican de “mitos” y “falacias” sobre una claudicación del Estado ante la insurgencia se volvió a poner a prueba ante los cuestionamientos del Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El jefe negociador Humberto de la Calle y el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, desmintieron ayer que se concedan “regalos al terrorismo” y respondieron la lista negra de “capitulaciones de Santos en La Habana” elaborada por el Centro Democrático, que a la fecha reseña y critica 68 concesiones a las Farc por cuenta del proceso de paz.

Ambos funcionarios insistieron en que los diálogos no afectan el modelo agrario, ni la propiedad privada, la democracia ni la lucha contra el narcotráfico con los acuerdos parciales con la guerrilla sobre tierras, participación política y solución a cultivos ilícitos.

REFORMA AGRARIA INTEGRAL

El jefe negociador Humberto de la Calle enfatizó que “es absolutamente falso que en el Acuerdo se hayan pactado instrumentos para la colectivización de la tierra. Lo que sí tenemos que decir es que a juicio del Gobierno, la desigualdad en la distribución de la tierra es elevadísima, por lo que debemos buscar brindar acceso a los pobres a la tierra y erradicar la ilegalidad en la apropiación de la misma”.

En defensa del proceso de paz, los plenipotenciarios también desestimaron que las Zonas de Reserva Campesina  se vayan a oponer a la gran agroindustria, pues según Sergio Jaramillo, está probado que “grandes proyectos en el campo pueden coexistir con la economía campesina y modelos asociativos de uso de la tierra”. Negó que estas zonas se puedan convertir en corredores de la guerrilla, con el argumento de que las reformas del agro se desarrollarán tras la desmovilización y dejación de armas de las Farc. Confirmó que habrá un fondo de tierras para población sin tierra, pero descartó  la expropiación como principal mecanismo.

TRANSICIÓN DE FARC A LA POLÍTICA

La transición de las Farc de grupo armado a fuerza política y la renuncia al uso de la violencia como arma política, fundamenta la defensa de las reformas democráticas y electorales. Según Humberto de la Calle, “hay necesidad de promover la participación política y ciudadana de la ciudadanía en las zonas de conflicto que por décadas han estado al margen de la vida política. También abrir espacios para nuevos movimientos políticos que surjan en el contexto de una transición, luego de la firma de un acuerdo para terminar el conflicto”.

Los negociadores se esforzaron en desmentir que haya curules directas para los guerrilleros en el Congreso, al explicar que las llamadas “circunscripciones transitorias que durante un periodo aún indefinido permitirán que estas poblaciones tengan representación especial en la Cámara de Representantes”.

Ante las críticas de que las Farc intimidarían a la población con fines políticos, De la Calle recordó que “la condición para la implementación de reformas políticas es la dejación de armas”.

NARCOTRÁFICO Y CULTIVOS ILÍCITOS

Para desestimar que el Gobierno renuncia a la lucha contra el narcotráfico y que las Farc niegan su financiación, se destacó por parte de Humberto de la Calle que el acuerdo contiene el compromiso de las Farc de “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Además, reiteró que la sustitución concertada de los cultivos ilícitos será con las comunidades cocaleras, pero sin maniatar al Estado para aplicar la ley, como señalan las críticas de negociar la política antidrogas con la guerrilla.

“Gobierno y Farc reconocen que el cultivo, producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto”, indicó el negociador De la Calle.

Además insistió que el Gobierno mantendrá la facultad de “proceder a la erradicación manual de los cultivos cuando haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos”.

Las falacias en los acuerdos, según el Centro Democrático

Las críticas que el Centro Democrático ha realizado al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, son un asunto de vieja data, o por lo menos, desde hace dos años cuando se iniciaron las negociaciones con la guerrilla.

Desde el comienzo de los diálogos, las posiciones del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe Vélez han sido de rechazo, e incluso algunos de sus aspirantes a curules (hoy electos) hicieron de la oposición al proceso, su bandera electoral.

Esa oposición adquirió una base más férrea cuando se hicieron públicos, desde Cuba, los borradores de los acuerdos discutidos: Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Solución al problema de las Drogas Ilícitas.

Es así como en un documento cuestionan otra vez el proceso de paz, y consignaron las 68 capitulaciones que según el Centro Democrático serían concesiones o “micos” en un proceso “condescendiente con las Farc”.

El exasesor de paz, Lázaro Vivero, ve en la oposición del uribismo una forma de ganar espacios. “Todos sabemos que la cabeza del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, siempre aprovecha que las cosas en los temas de paz para hablar de guerra y levantar la banderita que conlleve a que el país siga enfrascado en este conflicto armado”.

EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN EL PAÍS

En el desarrollo del campo y las condiciones propuestas en el proceso para que los campesinos accedan a la tierra y la vuelvan productiva, Gobierno y Farc han discutido, entre otros, la creación de un fondo de tierras que permita a los labriegos que no la tienen acceder a ella. Además, formalizar los títulos de propiedad, actualización del catastro rural y un compromiso con la educación, vivienda, salud e infraestuctura en el campo. Para el Centro Democrático, es precisamente en estos puntos donde radican las falencias. Según el documento, “el acuerdo es ambivalente y demagógico. El Gobierno tiene un discurso sobre la garantía del derecho a la propiedad privada legítima; para las Farc el camino es una reforma agraria expropiatoria, con extinción administrativa de dominio y expropiaciones”. Entonces, el Uribismo ve en una futura desconcentración de la tierra, una acción que llevaría al fracaso, y consideran que el éxito rural está en “la agricultura que exige grandes inversiones  en extensas plantaciones”.

SE ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA

El principal obstáculo para el desarrollo de la democracia y la participación política, ambas posiciones expuestas por el Centro Democrático, es la aceptación del Gobierno de la figura “dejación de armas”, y no la exigencia de la entrega en la firma del acuerdo final. Expone este partido político que “el terrorismo pide prevenir la violencia contra quienes ejercen la política al mismo tiempo que asesina, destierra y amenaza a quienes denuncian su barbarie. El Gobierno debe exigir el cese de la violencia para seguir dialogando”. Además, para el Centro Democrático, mantener en secreto cuántas Circunscripciones Especiales de Paz le está ofreciendo a los terroristas, en cuáles sitios del país, con cuántos representantes a la Cámara, y durante cuántos períodos electorales, es entregarle las regiones a la insurgencia, atenta contra la integridad territorial de la nación, vulnera la democracia y es inaceptable. “El ventajismo del terrorismo encuentra campo abonado en el entreguismo del gobierno”, concluye el Centro Democrático.

LAS FARC SÍ SON NARCOTRAFICANTES

La principal falla en los acuerdos parciales logrados entre Gobierno y Farc es, para el Centro Democrático, que el grupo guerrillero no haya reconocido su papel como un grupo determinante en el negocio de las drogas ilícitas que le permite financiar la guerra y les da estatus de narcotraficantes. “Como con la complicidad del gobierno las Farc no se reconocen como narcotraficantes, en el acuerdo no asumen ninguna responsabilidad en el desmonte de este negocio ilícito. Todos los compromisos específicos para ello son asumidos por el Estado. Otra concesión que abre la puerta a la continuación de los terroristas en el narcotráfico”.

Para el Centro Democrático, el Gobierno entregó su soberanía en la lucha contra el narcotráfico al hacerla depender de la ejecución previa “de los compromisos de la llamada Reforma Rural Integral y de la sustitución voluntaria de los cultivos de coca”. Además, consideran que si las Farc no entregan los bienes obtenidos por narcotráfico, será la más grande operación de lavado de activos.

TIERRAS Y REFORMAS RURALES

A partir de noviembre de 2012, seis meses tomó la discusión de estrategias para corregir los males del campo, que se convirtieron en un reclamo reiterativo de la “lucha armada” de la guerrilla de casi 50 años. Fue el primer acuerdo parcial de la agenda para la Terminación del Conflicto. Según el borrador conjunto revelado por el Gobierno y las Farc, la “transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar la condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las Farc dicha transformación debe contribuir a soluciones las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales”. Plantea la formalización de la “de la pequeña y mediana propiedad rural como garantía contra cualquier despojo”.

DEMOCRACIA SIN VIOLENCIA POLÍTICA

El segundo acuerdo es definido por los equipos negociadores como “una apertura democrática en el marco del fin del conflicto para construir la paz”. El texto conjunto plantea que la participación política que hará parte de “la firma del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera, abrirá nuevos espacios para la participación en Colombia”.

Uno de los mecanismos para cumplir con estos planes de mejoramiento de la democracia en el país es el Estatuto de Garantías para el Ejercicio de la Oposición Política. También se hará una “revisión integral de la organización y el régimen electoral”.

ERRADICAR Y SUSTITUIR LA COCA

El acuerdo para la solución al problema de los cultivos ilícitos plantea un plan nacional de sustitución entre las autoridades y las comunidades que “incluye la formalización del compromiso tanto de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos, como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y concertada de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”.

El tercer acuerdo establece que “el consumo de drogas no será perseguido como un delito, sino como un problema de salud pública”.

OPINION

REACCIONES DE POLÍTICOS Y ANALISTAS

Mauricio Jaramillo
Politólogo

El analista consideró que es consecuente que el Gobierno le responda al Centro Democrático, ya que es deber constitucional contestar al legislativo. Dijo que estas acciones van a seguir generando polarización en el país.

Lázaro Vivero
Exasesor de paz

Dijo que el Uribismo quiere ganar espacio haciendo oposición a las negociaciones de paz. “Todos sabemos que Uribe siempre aprovecha las cosas en los temas de paz para hablar de guerra y levantar la banderita”.

Germán Sahid
Politólogo U. del Rosario

Dice que el Centro Democrático es una bancada organizada. Para el experto, la respuesta del Gobierno es producto de que las críticas de este partido son serias. “Santos necesita legitimar con la oposición los acuerdos”.

Alfredo Rangel
Senador del Centro Democrático

“El tema de la paz puede ser discutido, pero el Gobierno sataniza a quienes tenemos argumentos para no estar de acuerdo con esta negociación, señalándonos como enemigos de la paz y amigos de la guerra”.

EN DEFINITIVA

El Gobierno salió en defensa de los acuerdos con las Farc, ante los cuestionamientos del Centro Democrático. La delegación gubernamental emitirá un documento completo con lo acordado.

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