DURO DEBATE EN CONGRESO Y EN LA MESA PARA APLICAR JUSTICIA A FARC

Duro debate en Congreso y en la mesa para aplicar justicia a Farc

Falta largo camino para decidir si guerrilleros deben ir a prisión o reciben penas alternativas.

POR JUAN CARLOS MONROY G. | Publicado el 29 de octubre de 2014

El veredicto sobre la justicia que enfrentaran los guerrilleros de las Farc por sus crímenes durante el conflicto dependerá de un duro debate jurídico y político que aún están por darse en el Congreso y en la mesa de negociaciones en Cuba.

Cuando los diálogos se aproximan a temas cruciales y sensibles en el país como la discusión del fin del conflicto, la dejación de armas y la desmovilización, revive la acalorada discusión sobre si los insurgentes que resulten condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deben o no ir a prisión.

Lo cierto es que aunque desde el Gobierno se ventila el tema y se debate en boca de juristas, dirigente políticos y las víctimas del conflicto, la última palabra depende del modelo de justicia transicional que se apruebe en el Congreso, cuando llegue la hora de crear los mecanismos del Marco Jurídico para la Paz.

A juicio de expertos como María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, “el marco legal que ya es constitucional definió la priorización de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, que no pueden ser amnistiados ni indultados, bajo el enfoque de selectividad para concentrar la acción penal en los máximos responsables”.

Agrega que falta que el Congreso defina “cuáles son los hechos del conflicto que adquieren esas categorías y quiénes deben rendir cuentas para que la Fiscalía aplique la priorización de casos”.

Según Moreno, aunque la justicia transicional permite penas extrajudiciales distintas a la cárcel para lograr la transición del conflicto a la paz, ese beneficio depende de “encontrar medidas integrales que garanticen máxima verdad y reparación para las víctimas y, al mismo tiempo, facilitar la negociación con la guerrilla. Si no es así las víctimas van a rechazar la pena alternativa”.

En cuanto al hecho de que Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) indicara que los jefes guerrilleros deben cumplir penas de prisión por crímenes graves, Moreno responde que es un concepto que “condiciona la alternativa a la cárcel al resto de mecanismos para garantizar verdad, justicia y reparación”.

Límites para beneficios
Pero juristas como el exfiscal Francisco José Sintura advierten que hay límites a la hora de aplicar justicia y beneficios judiciales a los guerrilleros, como los tratados internacionales, entre estos el Estatuto de Roma, que lo comprometieron a juzgar y castigar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Si no lo hace, puede intervenir la CPI”.

El fallo que declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz también establece que “dada su gravedad deberá priorizarse la investigación y sanción de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y desplazamientos forzados, violencia sexual, reclutamiento ilegal de menores, genocidio o crímenes de guerra sistemáticos”.

En medio de la polarización política entre los partidarios de la negociación con la guerrilla y los críticos, el debate que espera a la ley estatutaria en el Congreso se anticipa compleja.

Desde el presidente Juan Manuel Santos, los negociadores del Gobierno en los diálogos con las Farc y el fiscal Eduardo Montealegre reiteran que “no se trata de sacrificar la justicia ni impunidad para lograr la paz, sino lograr la paz con un máximo de justicia”.

Otro obstáculo por superar a la hora de aplicar justicia es el rechazo de las Farc a someterse al Marco Jurídico, con el argumento de que es una figura “unilateral” del Gobierno que no es resultado de la mesa de negociación.

ANTECEDENTES

EL CASO DE JUSTICIA Y PAZ

No es la primera vez que se recurre a la justicia transicional en Colombia para sacar flexibilizar el sistema penal ante el objetivo de la paz. La Ley 975 dio origen a la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de unos 30 mil miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. A cambio de desmovilizarse, confesar crímenes y reparar a víctimas los exparamilitares recibieron pena alternativa de 8 años de cárcel por delitos que en la justicia ordinaria eran condenas de 60 años.

FISCAL PROPONE PENA ALTERNATIVA

El fiscal Eduardo Montealegre plantea la posibilidad de sustituir la cárcel por penas alternativas como “trabajo social” por la reconciliación o de cooperación para guerrilleros condenados por crímenes durante el conflicto.  Ha reiterado que “el Marco Legal establece  un enfoque de priorización de los crímenes de guerra y lesa humanidad para concentrar la acción penal en los máximos responsables”.

PROCURADOR PIDE PENAS REBAJADAS

“El señor Fiscal General no debe perder más tiempo buscando escenarios de impunidad, sino que debe convencer y hacer la pedagogía a los señores de las Farc para que entiendan que impunidad absoluta no puede haber. Habrá penas razonables, reducciones sustanciales como lo hubo en Justicia y Paz y deben estar dispuestos a admitirlo si se tiene una real voluntad de paz”.

CONCEPTO DEL EXFISCAL DE LA CIP

El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, señaló que si la Corte Constitucional decide que no habrá castigo para ningún guerrillero “ahí sí se le puede pedir” al tribunal internacional que “abra un proceso” en contra de los líderes de las Farc. Aunque sugirió que algunos jefes guerrilleros deben pagar cárcel, admitió que es decisión de la justicia colombiana.

VÍCTIMAS NO QUIEREN IMPUNIDAD

Un amplío sector de víctimas de las Farc desaprueban la propuesta del Gobierno y la Fiscalía de conceder penal alternativas en aras de la paz y la posibilidad de que los guerrilleros condenados no cumplan con un solo día de cárcel, como lo han expresado desde Cuba. En foros recientes manifestaron que rechazan la “impunidad total” para los responsables de delitos de lesa humanidad.

GOBIERNO PRIORIZA VERDAD Y REPARAR

El Gobierno insiste que es imposible para el aparato judicial investigar, juzgar y condenar todos los delitos del conflicto y a sus autores. El negociador Humberto de la Calle plantea que “más allá del número de procesos penales y los años de cárcel, la verdadera lucha contra la impunidad es develar qué fue lo que sucedió y por qué; reconocer a las víctimas y repararlas integralmente”.

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