‘Las sanciones penales pueden adoptar distintas formas’, advierte CPI

‘Las sanciones penales pueden adoptar distintas formas’, advierte CPI

Vicefiscal de ese tribunal admite ‘discrecionalidad’ de Estados para diseñar justicia transicional.

14/05/2015

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/foro-de-el-tiempo-sobre-justicia-transicional-discurso-del-vicefiscal-de-la-cpi/15748962

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional dejó este miércoles en claro que los Estados tienen “discrecionalidad” para diseñar los modelos de justicia transicional que se requieren para acabar una guerra, pero enfatizó en que los máximos responsables de delitos atroces deben ser perseguidos y castigados.

Este es un mensaje clave que impactará los diálogos de paz de La Habana, ya que marca un precedente desde el único organismo que tendría potestad de intervenir luego de que se firme un acuerdo de paz con las Farc, y eventualmente con el Eln.

La postura la sentó este miércoles en Bogotá el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, quien advirtió que los Estados miembros del Estatuto de Roma –como es el caso de Colombia– tienen autonomía para implementar “las sanciones alternativas penales” con las que se debe castigar a los actores de una confrontación armada interna.

Estas precisiones las realizó durante el foro ‘Justicia transicional en Colombia y el papel de la Corte Penal Internacional’, organizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario con el apoyo de las Naciones Unidas, de las fundaciones Hanss Seidel y Vance Center, y del Centro Internacional para la Justicia Transicional. (Por considerarlo de interés supremo para la coyuntura del país, EL TIEMPO publica aquí el texto completo de la intervención del vicefiscal Stewart)

“Si bien el Estatuto de Roma contiene disposiciones relativas a las penas en los procesos ante la CPI, no prescribe un tipo o duración específicos de las condenas que los Estados deben imponer por crímenes de la CPI. En materia de penas, los Estados tienen amplia discrecionalidad”, enfatizó el segundo hombre de la poderosa Fiscalía de ese tribunal internacional.

No obstante, existen unos parámetros que deben seguirse y que –por los compromisos adquiridos a nivel internacional– el Gobierno de Colombia está obligado a cumplir. En este caso, por supuesto, la referencia es a lo establecido en el Estatuto de Roma.

El propio Vicefiscal explicó que, entre otros aspectos, esa norma internacional contempla la necesidad de que haya un reconocimiento de la responsabilidad penal de los actores ilegales que negocian la paz, una desmovilización y desarme efectivos y garantías de verdad y no repetición.

“Las sanciones penales efectivas pueden adoptar distintas formas. Sin embargo, deben satisfacer objetivos adecuados vinculados a la pena, como la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la disuasión de conductas criminales ulteriores”, enfatizó Stewart durante su intervención en este foro.

Estos aspectos son de obligatorio cumplimiento, a juicio del funcionario de la CPI, porque “en el contexto del Derecho Penal Internacional, estos objetivos protegen los intereses de las víctimas y reivindican los derechos humanos fundamentales”. (Lea aquí: ‘En justicia transicional no debe haber atajos’: De la Calle)

Otro punto clave que abordó el Vicefiscal se relaciona con “la posibilidad de imponer penas alternativas” contempladas en el Marco Jurídico para la Paz, norma en la que el Gobierno sienta las bases jurídicas para las negociaciones con las Farc pero que esta guerrilla –en reiteradas ocasiones– se ha negado a reconocer.

Esta norma –que ya fue avalada por la Corte Constitucional– incorporó a la Carta Política la posibilidad de diseñar modelos de justicia transicional diferenciados para los actores del conflicto, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, pero para la CPI es anticipado referirse directamente al tema hasta que no se conozcan específicamente sus contenidos.

“Sería especulativo para la Fiscalía hacer observaciones sobre las posibles consecuencias con arreglo al Estatuto de Roma de las penas alternativas sin conocer los detalles de qué sanciones específicas se contemplan”, precisó Stewart.

En este punto enfatizó en que los máximos responsables de delitos atroces, de todos los actores de un conflicto armado, tienen que ser castigados.

“Desde la perspectiva de la CPI, en la medida en que las pruebas lo permitan, las investigaciones y los enjuiciamientos deberán tener lugar habitualmente contra los más responsables por los crímenes más graves”, dijo el delegado de la CPI.

Y añadió: “Suspender la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal”.

Algo que dejó claro Stewart es que la Corte Penal Internacional continúa con su “examen preliminar” sobre Colombia, y que particularmente existe “preocupación” por las ejecuciones extrajudiciales que se conocen como ‘falsos positivos’.

La razón, según el Vicefiscal, es que “los presuntos crímenes no se habían centrado en las personas que podrían tener mayor responsabilidad dentro de la jerarquía militar”.

Todos estos conceptos definitivamente impactarán en la mesa de diálogo de La Habana, pues en este momento se está negociando el modelo de justicia transicional que se aplicará para ponerle punto final a la guerra, y –de hecho– potencian el debate sobre el tema. Además, es un mensaje explícito de que la CPI sí está atenta al desarrollo de las conversaciones de paz y, de ser necesario, podría intervenir.

Eso sí, y este miércoles lo dejó claro Stewart, la CPI respalda los esfuerzos que se vienen realizando desde hace casi tres años por lograr la paz.

‘Hay penas serias diferentes a la prisión’: Montealegre

Aunque aseguró que mantiene “discrepancias respetuosas” frente a la posición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los alcances del proceso de paz con las Farc, el fiscal Eduardo Montealegre afirmó este miércoles que se han abierto nuevos espacios en esa discusión.

En el encuentro de la Universidad del Rosario, y ante el segundo de la Fiscalía de la CPI, James Steward, Montealegre defendió la legitimidad de las decisiones que tome el país en aras de la paz y afirmó que “la justicia transicional colombiana (en referencia al Marco Jurídico para la Paz) es compatible con el Estatuto de Roma”.

fiscal

Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

“La posición de la CPI se orienta a sostener que es necesario, que se requiere un mínimo de pena privativa de la libertad. Yo discrepo de eso”; dijo Montealegre. Aseguró que las penas alternativas diferentes a la prisión también son compatibles con la legislación internacional en materia de delitos de lesa humanidad.

De hecho, recordó que el propio Estatuto de Roma deja a los países un margen de discrecionalidad para definir “penas alternativas serias que sean diferentes a la privación de la libertad”, cuando las circunstancias lo ameriten.

En ese sentido, destacó que el vicefiscal Steward haya insistido en ese punto durante el foro sobre justicia transicional. “Creo que por la posición que hoy (miércoles) deja sentada la Corte, si bien ha sido muy rigurosa en ciertos puntos frente a la privación efectiva, se da un nuevo debate frente a las penas alternativas. Hay un avance supremamente importante”, señaló.

Montealegre, caracterizado defensor del proceso con las Farc, insistió que “en aras de la consecución de la paz es posible relativizar y restringir el alcance de investigar y juzgar las graves violaciones de los derechos humanos”.

Destacó que “el modelo colombiano no apunta a una suspensión integral de las penas que se impongan por graves violaciones a los derechos humanos. Existe la posibilidad de suspensión de las penas privativas de la libertad, condicionalmente, pero de todos modos las penas alternativas tendrán que ser de cumplimiento efectivo e inmediato”.

Así las cosas, el Fiscal se mostró confiado en que el país podrá defender ante la comunidad internacional la legitimidad de los acuerdos de paz y los desarrollos legislativos que de ellos se desprendan.

‘Cárcel en el exterior para las Farc’: Ordóñez

“A las Farc les mando un mensaje: que no se equivoquen. Si no aceptan los estándares internacionales, que implican penas efectivas de cárcel, así firmen el acuerdo con el Gobierno, solo será cuestión de tiempo para que de una u otra forma terminen presos”.

La frase la dijo este miércoles el procurador Alejandro Ordóñez, durante su intervención en el foro de justicia transicional organizado por EL TIEMPO.

procurador

Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

El jefe del Ministerio Público sostuvo, además, que es deber y garantía del Estado investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Por tanto, “la pena no puede ser una simulación, un montaje destinado a engañar para demostrar que esta existió, sino una pena verdadera. Investigación efectiva es igual a pena efectiva”.

Ordóñez también recordó que, bajo la luz del Derecho Internacional, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos cometidos y a las condiciones personales del responsable.

“Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, invalidaría la autenticidad del proceso judicial”, dijo el Procurador, citando un documento de la Fiscalía de la CPI.

Esta explicación la dio para aseverar que el trabajo comunitario que se propone para “criminales de lesa humanidad” no es una pena adecuada.

La propuesta del jefe del ente disciplinario es que los miembros de las Farc paguen cárcel en una prisión del extranjero y que los lugares de reclusión sean vigilados permanentemente por la Fiscalía de la CPI.

“No es capricho de la Procuraduría, es que todos los instrumentos penales de carácter internacional consagran la pena de cárcel ante la gravedad de los crímenes que son de su competencia”, argumentó.

Ordóñez enfatizó en que los miembros de las Farc no quieren entender ese mensaje y añadió que hay personas que hacen lo imposible para que ellos no lo entiendan. No obstante, abrió la posibilidad de que esas penas privativas de la libertad sean reducidas e, incluso, de que sean suspendidas una vez se cumpla determinado tiempo de reclusión.

Al finalizar su intervención, el Procurador le entregó al vicefiscal James Stewart un listado con 2.760 nombres de secuestrados por las Farc que están desaparecidos. “Para que esto no quede en la impunidad”, dijo.

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