Declaración sobre el acuerdo de justicia transicional entre el gobierno colombiano y las FARC

Declaración sobre el acuerdo de justicia transicional entre el gobierno colombiano y las FARC

Bogotá/Bruselas  |   24 Sep 2015

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2015/latin-america/statement-on-the-transitional-justice-agreement-between-the-colombian-government-and-the-farc.aspx?alt_lang=es&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email

El acuerdo sobre justicia transicional alcanzado por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunciado públicamente el miércoles 23 de septiembre en La Habana, es un avance decisivo en cuatro años de negociaciones de paz. En efecto, anticipa la terminación efectiva de 51 años de conflicto armado. En una reunión sin precedentes, el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC Rodrigo Londoño Echeverry  (‘Timochenko”), acordaron que se firmaría un acuerdo de paz definitivo en los próximos seis meses.

El acuerdo establece una “Jurisdicción Especial para la Paz” formada en torno a tribunales que serán establecidos para juzgar particularmente a quienes se consideren responsables de los delitos más graves  y representativos cometidos durante el conflicto. De ser condenados, aquellos que colaboren con este sistema judicial y reconozcan los delitos cometidos en el pasado cumplirían sentencias de entre cinco y ocho años bajo condiciones especiales que en cualquier caso garantizarían la restricción efectiva de su libertad personal. Aquellos que tarden en dar la cara y aceptar su responsabilidad por los delitos cometidos podrían llegar a cumplir las mismas penas pero en prisiones comunes, mientras que aquellos que no colaboren podrían llegar a ser condenados y sancionados con penas de hasta veinte años de cárcel.

El anuncio no dice nada acerca del proceso de nominación y selección para los miembros de estos tribunales – que estarían integrados principalmente por jueces nacionales, con una presencia internacional minoritaria – ni de las instalaciones en las que se cumplirían las penas, o sobre la cuestión de las reparaciones para las víctimas. No obstante, sugiere que se está adoptando un enfoque equilibrado y sensato hacia los complejos dilemas que presenta un conflicto que ha causado más de seis millones de víctimas, según informes oficiales, y un proceso de paz que requiere certezas legales y políticas para las partes y la sociedad colombiana. Las FARC han ido más lejos que nunca al aceptar el requerimiento de que los principales responsables de delitos graves deban enfrentar penas de privación o restricción de la libertad de hasta ocho años. El gobierno ha aceptado que el nuevo mecanismo tendrá jurisdicción sobre todos aquellos que hayan participado en el conflicto armado interno – incluidos los agentes del Estado.

Al conceder amnistía por delitos políticos y otros delitos conexos,  el acuerdo resuelve también la incertidumbre legal a la que se enfrentarían miles de guerrilleros rasos. Al mismo tiempo, al reafirmar que ciertos delitos (crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra) no podrán ser indultados y serán juzgados, cumple con las obligaciones básicas de Colombia bajo el derecho internacional, y facilita la aprobación del acuerdo de paz definitivo, si bien son de esperar ciertas revisiones por parte del poder legislativo, la Corte Constitucional y otros mecanismos.

El anuncio de que el acuerdo de paz definitivo se firmará dentro de los próximos seis meses, y de que las FARC comenzarán a entregar las armas 60 días después, significan que por primera vez las partes han establecido un cronograma claro para la terminación efectiva del conflicto. A este fin, es fundamental que en el transcurso de las próximas semanas cobre forma un cese al fuego bilateral. El acuerdo además vincula el objetivo de la justicia para las víctimas con la aspiración de la reincorporación política de las guerrillas.

El periodo que se avecina no será fácil para los negociadores en La Habana, ya que aún quedan muchos detalles por resolver. La entrega de armas y la reincorporación de ex combatientes serán extremadamente complejos. Las partes necesitarán energía, coraje y voluntad política – así como la participación activa y el apoyo de sus contrapartes en la comunidad internacional – en preparación para la difícil implementación de un acuerdo final. Los reveses son inevitables; y no se puede garantizar la cohesión de ninguno de los dos lados.

No obstante, este acuerdo sobre justicia transicional es un paso adelante firme, eficaz e inteligente. Si se implementa y se concluye correctamente, aumenta de forma significativa las probabilidades de que uno de los más antiguos conflictos del mundo llegue a su fin. Estas son buenas noticias para Colombia y la región.

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